Las máximas autoridades de los ministerios del Interior, María Paula Romo, y de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo; de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Álvaro Guzmán; y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Luis Valenzuela, detallaron la estrategia que emprende el Gobierno Nacional para reducir los siniestros de tránsito en el país.

Desde el salón Azul del Palacio de Carondelet, las autoridades anunciaron -este jueves- el fortalecimiento del control a escala nacional, a cargo de agentes de tránsito y policías; así como la inclusión de un kit tecnológico de seguridad que servirá para monitorear, prevenir y sancionar a infracciones de conductores y operadoras de transporte.

El Ministro de Transporte y Obras Públicas precisó que se ejecutarán controles aleatorios a las unidades de transporte público, con la presencia de agentes encubiertos. “La Agencia Nacional de Tránsito se encargará de hacer seguimiento a las cooperativas que sufrieron siniestros de tránsito”, enfatizó.

Por su parte, el Director de la ANT informó que, junto a los entes de control, se reubicará los fotorradares. “Se están colocando en los puntos críticos donde sabemos que un fotorradar puede tener mayor efectividad”, especificó.

Añadió que el transporte público es básico para el desarrollo de la sociedad, por lo que se plantea una intervención directa en las operadoras, con el fin de que cambien su modelo de gestión enfocada a la seguridad de la ciudadanía.

“El objetivo no solo es castigar sino también fortalecer integralmente al sector del transporte”, puntualizó. Para una mayor efectividad de estas acciones, el Ministro Hidalgo comunicó que la CTE incrementará 300 uniformados, destinados vigilancia y control en las vías del país.

“Este es un mensaje claro de todas las autoridades que estamos relacionadas con el tema de tránsito y seguridad vial. El afán es articular nuestros esfuerzos por este objetivo, que es fundamental”, dijo la ministra del Interior, María Paula Romo. Agregó que esta es una responsabilidad compartida no solo entre instituciones del Ejecutivo, sino también con los municipios, empresas de transportes, conductores y peatones.

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